El Instituto Electoral del Estado (IEE), dio entrada al proceso iniciado en contra de la ex presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Augusta Valentina Díaz de Rivera, por violencia política en razón de género, por no haber otorgado el cincuenta por ciento recursos a las candidatas en el pasado proceso electoral.

De acuerdo a un oficio, ya inició el Procedimiento Especial Sancionador en contra de la panista, misma que tiene la oportunidad de presentar documentos en su defensa, de lo contrario podría ser sancionada por el Instituto Nacional Electoral que es la instancia legal para aplicarla.

El oficio tiene la clave SE/PES/OF/011/2025, donde se establece que de acuerdo a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, Díaz de Rivera omitió destinar la cantidad de 501,342.79 pesos, correspondiente al financiamiento público.

De acuerdo a la norma, se establece que para las campañas, los partidos políticos deben destinar el 50.1 por ciento del financiamiento público para las candidaturas donde el género sea mujer.

Entre las candidatas afectadas por no recibir el financiamiento público que por ley les correspondía, se encuentra Roxana Luna Porquillo, quien contendió por la presidencia municipal de San Pedro Cholula.

El oficio señala que las ex candidatas ya comparecieron para presentar los documentos en los cuales se establece que no recibieron los recursos por parte del Comité Directivo Estatal del PAN, mismo que los postuló, lo cual representa una forma de violencia de género ya que participaron sin equidad en la contienda.

Multa ejemplar

La semana pasada se dio a conocer una serie de irregularidades por parte de la ex dirigencia como falta de documentación contable y comprobatoria por un monto de 17 millones de pesos. (Información relativa a proveedores como avisos de contratación, Kardex, muestras fotográficas, minutas, contratos, entre otros).

Con la violencia de género esta situación podría generar una multa adicional por esa misma cantidad por parte del Instituto Nacional Electoral, y el partido se quedaría prácticamente en ceros para poder operar lo que resta del año, así como en el 2026.

Se insistió en que  la multa por la que se omitió destinar, al menos 50% del financiamiento público para actividades de campaña que recibió a las mujeres que postuló el PAN como candidatas, no se encontró información que pudiera sustentar, defender o debatir la probable violencia política de género en que se incurrió.

Además existen excandidatos que fueron registrados en el pasado proceso sin su conocimiento, por lo que existe probable vulneración a sus derechos, usurpación de identidad y falsificación de firmas.

También se detectó falta de documentación de factoraje y proveedor de servicios destacando relación de parentesco directa de la dirigencia saliente.

Otra auditoría que se realiza es por la construcción de las oficinas, una vez que la obra quedó inconclusa, sin que se hiciera el auditorio que se anunció.