Una jueza federal en Maryland ha ordenado al Gobierno del expresidente Donald Trump facilitar el regreso a Estados Unidos de un joven venezolano de 20 años que fue deportado a El Salvador pese a tener una solicitud de asilo pendiente.
El joven, identificado en los documentos judiciales como Cristian, fue deportado el pasado 15 de marzo y enviado a una prisión salvadoreña, en aparente violación de un acuerdo judicial alcanzado en 2019.
Este acuerdo protege a los menores no acompañados que llegaron a EE.UU. y posteriormente solicitaron asilo, estableciendo que no pueden ser expulsados hasta que sus casos sean resueltos.
La jueza Stephanie Gallagher, designada por el propio Trump, consideró que la deportación de Cristian constituye una "rotura de contrato", ya que el joven formaba parte de una demanda colectiva amparada por ese acuerdo judicial.
En su sentencia, Gallagher citó el precedente de Kilmar Abrego García, otro joven deportado de forma errónea y cuyo regreso fue ordenado por una jueza federal.
En esa línea, instruyó al Gobierno a realizar una “solicitud de buena fe” al Gobierno de El Salvador para permitir el regreso de Cristian a EE.UU., donde podrá continuar con su proceso de asilo.
El caso también ha reavivado críticas al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1789 ideada para tiempos de guerra.
Bajo la administración Trump, esta ley fue invocada para realizar deportaciones sin el debido proceso legal. El Tribunal Supremo ya había ordenado detener esta práctica.
Este es el segundo caso conocido en el que un juez federal exige al Gobierno de Trump revertir una deportación de un migrante que contaba con protección legal.
