Leopoldo Javier Chávez Vargas, aspirante a juez de distrito en Durango, ha generado controversia tras revelarse que fue condenado en 2015 por tráfico de metanfetaminas en Estados Unidos.
A pesar de este antecedente, su candidatura fue avalada por el Instituto Nacional Electoral (INE) como parte del nuevo proceso de elección judicial por voto popular impulsado por el Ejecutivo federal.
Según registros del Buró de Prisiones de Estados Unidos (BOP), Chávez Vargas fue detenido el 13 de noviembre de 2015 en el puente internacional Lincoln Juárez, entre Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Durante una inspección, las autoridades encontraron un extintor oculto bajo su asiento que contenía metanfetaminas. Chávez Vargas confesó haber escondido el extintor "sin saber qué contenía" para transportarlo a Dallas, Texas.
Fue procesado por conspiración para importar metanfetamina, importación de metanfetamina y posesión con la intención de distribuirla, cumpliendo una condena de cinco años y siete meses en prisión federal hasta su liberación el 7 de junio de 2021.
Tras su liberación, Chávez Vargas obtuvo su cédula profesional en 2024, expedida por el Instituto Universitario Bilingüe del Estado de Durango.
En su perfil oficial ante el INE, afirma tener estudios en Derecho, un diplomado en juicios de amparo y estar cursando una maestría en juicios orales.
Además, sostiene haber trabajado en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, aunque no presenta documentación que respalde esta afirmación.
Organizaciones civiles, como Defensorxs AC, han señalado que Chávez Vargas es un candidato de alto riesgo debido a su historial delictivo y su limitada experiencia profesional en el ámbito judicial.
Actualmente, trabaja como asesor legal en el ayuntamiento de Nuevo Ideal, Durango, y como intérprete legal en el Federal Building and U.S. Courthouse desde 2023.
La participación de Chávez Vargas en el proceso de elección judicial ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre los mecanismos de selección y evaluación de candidatos, así como sobre la transparencia y la integridad del nuevo modelo de designación por voto ciudadano.
La elección judicial en Durango está programada para el 1 de junio, y la inclusión de candidatos con antecedentes penales ha encendido el debate sobre la necesidad de establecer criterios más rigurosos para garantizar la idoneidad de los aspirantes a cargos en el Poder Judicial.
Con información de Eme Equis
