Ante el posible cambio del calendario en el Congreso del Estado para ampliar el número de sesiones, reduciendo el período de los recesos, el diputado por Morena, Miguel Trujillo de Ita, advirtió que lo importante no es el número de iniciativas que presente, sino el impacto social que tenga cada uno de los documentos que se entreguen, y así mejorar el trabajo legislativo.
Luego de que la presidenta de la Junta de Gobierno, Laura Artemisa García Chávez, abrió la posibilidad de cambiar el calendario de los períodos, para reducir los recesos, comentó que esto permitiría avanzar más en el trabajo y no dejar tantas iniciativas y puntos de acuerdo en la congeladora, como ha ocurrido en otras legislaturas.
Sin embargo, el legislador local, por segunda ocasión, señaló que en las dos legislaturas en las que ha participado se busca aparecer como “productivo” por el número de iniciativas o puntos de acuerdo que se presentan, pero en la mayoría de las ocasiones no tienen un impacto social.
Señaló que es la oportunidad para que las bancadas lleguen a acuerdos y haya calidad y beneficios con las iniciativas.
“Con todo respeto hay compañeros diputados que suben iniciativas por subir y subir, lo cuál es válido, sin embargo en el análisis que hacen las universidades sobre el trabajo legislativo, se analiza la calidad y el impacto, y en ocasiones la calificación no es buena”.
Dijo que para el Tercer Período que inicia el próximo 15 de mayo, hay confianza de que se analicen los documentos, se depuren algunos de los que están y ya haya trabajo en las comisiones.
Aclaró que puede haber excelentes propuestas, pero antes de presentarlas se tiene que ver lo referente al presupuesto, ya que este es uno de los principales obstáculos, no sólo en el estado, sino a nivel nacional.
El diputado precisó que en su caso, está pendiente de revisarse una iniciativa presentada el año pasado para combatir la extorsión telefónica.
Detalló que para erradicar la extorsión telefónica que se comete desde los penales, es necesario castigar a quienes facilitan la introducción de dispositivos móviles, y la pena que se propone es hasta 12 años de prisión.
Trujillo de Ita advirtió que la creciente utilización de dispositivos electrónicos de comunicación, como teléfonos celulares y tabletas, en los Centros de Reinserción Social, ha facilitado la comisión de delitos como extorsión, amenazas, fraudes y la difusión de contenido ilícito, generando un grave impacto en la seguridad y el bienestar de las víctimas.
Señaló que el personal penitenciario tiene una responsabilidad fundamental en el mantenimiento del orden y la seguridad al interior de los centros penitenciarios; sin embargo, se hace evidente que la presencia de estos dispositivos electrónicos dentro de los centros penitenciarios, no podría suceder sin ayuda interna o, en su caso, bajo el velo de la negligencia.
Comentó que esto no requiere una inversión adicional, y el impacto social es mayor.
