La diputada por Morena, Soledad Amieva Zamora, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Transporte, para quitar la facultad a los agentes viales de retener licencia, o tarjeta de circulación, y con ello aminorar los casos de corrupción.
Explicó que la propuesta señala “No se retendrá como garantía de pago de multas o infracciones, la licencia de conducir, tarjeta de circulación, placas de circulación o cualquier otro documento o bien en posesión personas conductoras de vehículos motorizados”.
Recordó que los Municipios del Estado, las autoridades y dependencias que forman parte del Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, podrán, en el ámbito de sus atribuciones, convenir acciones y estrategias, a fin de garantizar el cobro de las multas por concepto de infracción a sus reglamentos en materia de tránsito y vialidad, pero la retención de documentos favorece otras prácticas.
Precisó que con las adiciones propuestas a este artículo, se busca aminorar los abusos de autoridad que la ciudadanía poblana vive, así como evitar que, al aplicarse medidas injustas en su contra, se les genere daños y perjuicios, o se lesionen otros derechos humanos relacionados con el derecho a la movilidad. Lo anterior, a través del combate a la corrupción y a prácticas ligadas a la retención de documentos en materia de tránsito y vialidad.
Advirtió que el agente de tránsito, como sujeto facultado para realizar la retención de la licencia de conducir, tarjeta de circulación o placa de circulación, muchas veces hace un uso indebido de dicha facultad, condicionando su ejercicio u omisión, a una contraprestación en dinero; muchas veces obtenida mediante señalamientos infundados o métodos coactivos, lo que tiene principalmente dos efectos o consecuencias.
Indicó que el detrimento del patrimonio del o la ciudadana en beneficio del agente de tránsito, cuando aún sin haber cometido una infracción al reglamento, se le coacciona por medio de sus documentos, para brindar una cantidad de dinero
Además del detrimento de las arcas públicas municipales. Pues muchas veces, el agente de tránsito omite multar o infraccionar al ciudadano que ha cometido una infracción al reglamento de tránsito, a cambio de una contraprestación en dinero. Lo que básicamente se traduce, en menos ingresos para el municipio por este concepto.
