Integrantes del colectivo Cholultecas Unidos en Resistencia alzaron la voz para denunciar lo que consideran un ataque sistemático contra los pueblos originarios del Valle de Cholula.
Señalan directamente a Grupo Proyecta, desarrolladora inmobiliaria responsable de megaproyectos como Lomas de Angelópolis y Ciudad Judicial, a quien acusan de saquear el territorio, privatizar el agua y criminalizar la organización comunitaria.
Acusaron que a pesar de todo, les sigue favoreciendo las políticas como recorrer la caseta de la autopista Atlixco, la que aseguran, provocará más afectaciones a las poblaciones.
“Por defender las hojas, la tierra, el agua... nos encarcelan, nos asesinan, como en el caso de nuestros compañeros”, denunció el representante del colectivo durante la rueda de prensa.
Sigue preso José Emiliano Zambrano
Acusó que desde hace ocho meses, el defensor indígena José Emiliano Zambrano permanece preso por oponerse a estos proyectos, su crimen, solo fue el defender el territorio comunal.
Su esposa indicó que está detenido desde el 25 de agosto y no han podido sacarlo”, dijo refiriéndose a la imposibilidad de acceder a la justicia.
“Queremos que nos acompañen el día 24, ese día va a ser la audiencia. Está abierta, los invitamos a todos”.
La mujer también reveló que no solo su esposo está en la mira. “Nosotros también ya fuimos demandados. Nos acusan de despojo, como si estuviéramos quitándoles algo a ellos. Hasta los difuntos están demandados. Gente que ya murió hace cinco años. ¿Cómo es posible eso?”, cuestionó.
En total, aseguran, más de diez personas han sido denunciadas penalmente por despojo, una figura legal que —afirman— se usa de manera arbitraria para amedrentar a quienes defienden el territorio.
“Esto es persecución. Lo que quieren es desmovilizarnos para quedarse con nuestras tierras”, denunció otra vocera del grupo.
Los proyectos inmobiliarios señalados han transformado los paisajes de la región, desplazando a comunidades, afectando cuerpos de agua y destruyendo zonas agrícolas y sagradas.
Sin embargo, los representantes del colectivo afirman que nunca fueron consultados, violando con ello sus derechos como pueblos originarios.
“Las autoridades no nos escuchan. No ponen atención. Solo hacen caso cuando las empresas exigen algo. A nosotros, que somos los verdaderos dueños de esta tierra, nos persiguen”, acusaron.
El grupo hizo un llamado urgente a organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y sociedad civil para que acompañen su lucha y estén presentes en la audiencia judicial del próximo 24 de abril.
“Nos están quitando todo. Pero aquí seguimos. Porque nuestra tierra no está en venta, ni se negocia. Es herencia, es vida, y la vamos a defender hasta el final”.
