El gobierno del Reino Unido ha anunciado la implementación de la castración química para delincuentes sexuales reincidentes como parte de una ambiciosa reforma penitenciaria que busca reducir la reincidencia y aliviar la sobrepoblación carcelaria.
La medida, presentada por la ministra de Justicia, Shabana Mahmood, se aplicará inicialmente en 20 prisiones de Inglaterra y Gales. Consiste en la administración de medicamentos que disminuyen la libido y la actividad sexual, y será complementada con intervenciones psicológicas.
Aunque el tratamiento comenzará de forma voluntaria, el gobierno analiza hacerlo obligatorio en ciertos casos, apoyándose en estudios que indican una reducción del 60% en la reincidencia entre quienes lo reciben.
El Reino Unido enfrenta una crisis carcelaria con casi 90 mil internos y un déficit proyectado de 9 mil 500 plazas para 2028. Por ello, esta medida se enmarca en un paquete de reformas sugerido por una revisión independiente liderada por el exministro de Justicia David Gauke, que también propone reemplazar sentencias cortas por penas comunitarias y fortalecer los servicios de libertad condicional.
Sin embargo, la propuesta ha desatado un fuerte debate ético. Expertos como el psiquiatra forense Don Grubin advierten que imponer este tratamiento sin consentimiento podría llevar a que médicos se nieguen a participar. Además, organizaciones de derechos humanos han cuestionado la legalidad y efectividad de esta política.
El éxito de la medida dependerá de su implementación ética, su impacto en la reincidencia y su aceptación social y médica.
