El programa estatal de derechos humanos 2021-2023 no tiene un diagnóstico certero, además sus líneas de acción no abarcan temas como feminicidios y personas desaparecidas.
Así lo afirmó en rueda de prensa, Shanik Amira David George, del Observatorio Con los Ojos Abiertos de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, al señalar la importancia de generar recomendaciones a partir del análisis del de dicho programa.
Se detalló que, por ejemplo, en el tema de trata de personas sólo se menciona por trabajo forzado y no por explotación sexual.
Cabe destacar que en 2021 se publicó el Programa Estatal de Derechos Humanos de Puebla, sin embargo, añadió, no se tenía una estructura clara ni acciones definidas.
Ahora, debido a estas deficiencias, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de dicha casa de estudios privada, inició un análisis del programa, el cual que comenzó a operar hasta 2023.
Ante este panorama, el IDHIE recomiendan al actual gobierno de Puebla, que genere mecanismos de participación y colabore con diversas instituciones para desarrollar un nuevo programa estatal de Derechos Humanos que sea más completo y efectivo.
Inconsistencias
En el análisis se detectó que no cumplía con la metodología y excluyó temas cruciales como son la desaparición de personas y feminicidios.
Indicó Shanick Amira que tampoco se apegó a las metodológicas propuestas por la Secretaría de Gobernación y las líneas de acción propuestas no incluyen temas como la atención a la desaparición de personas.
Además, puntualizó que las líneas de trabajo del programa, cerca de la mitad no habían sido asignadas a alguna autoridad, por lo que no se sabe quién es competente.
Destacó que no se aplicaron mecanismos adecuados de participación ciudadana. Y los temas que se abordan no incluyen todas las problemáticas en materia de derechos humanos en el estado.
Se destacó que en el caso de Puebla, el primer programa estatal que se elaboró fue en la gubernatura de Tony Gali, tiempo en el que no se pudieron concretar ninguna de las estrategias y dejo de estar vigente en el mes de diciembre de 2018.
Fue retomado por el gobierno Miguel Barbosa Huerta, en diciembre de 2021, a dos años después de haber iniciado su administración, lo que dejó un vacío de tres años en materia de derechos humanos, se señaló.
Se destacó que es importante la integración de autoridades como el Congreso local, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado (FGE), encargadas de la impartición de justicia a las víctimas.
