Familiares de un talachero sentenciado el viernes 27 de enero a 18 años de prisión por los delitos de violación tumultuaria y violencia familiar, acudirá a la Sala de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para solicitar sea revisado de nuevo el proceso, luego de que al acusado no le dieron derecho de defenderse ante la acusación que fue presentada por su esposa.
El viernes, el juez de Primera Instancia del Juzgado Primero de lo Penal sentenció a 18 años y 6 meses de prisión a José Ignacio Rodríguez Mendoza, tras encontrarlo culpable de haber violado, en complicidad con Juan Carlos Moreno García —detenido por el mismo delito, pero hasta el momento no sentenciado— a su esposa, en el interior de su domicilio, cuando ambos se encontraban en estado de ebriedad.
La afectada denunció ante el Ministerio Público de Delitos Sexuales, dentro de la averiguación previa 907/2008/AESEX, que durante los primeros días de junio del 2008, cuando se encontraba durmiendo en el interior de su domicilio, llegó su esposo José Ignacio acompañado de su amigo Juan Carlos, alias “El Chino”, ambos dedicados a la talachería.
“El Chino” estaba triste por haberse peleado con su esposa, por lo que ambos comenzaron a ingerir cervezas. Ya ebrios, “El Chino” le sugirió que lo dejara tener relaciones sexuales con su mujer, y le dijo que si aceptaba le iba a invitar una botella, por lo que José Ignacio sacó de su recámara a su mujer y mediante golpes la obligó a que tuviera relaciones sexuales con su amigo, pero no sólo eso, sino que también participó en la agresión.
Al término del ataque la afectada se salió de su casa dejando a sus hijos en su cuarto, más tarde regresó a recoger unos papeles y dijo haber visto a su esposo y al amigo de éste tener relaciones entre ellos, además de que de nuevo la iba a obligar a que se les uniera, pero ella se salió corriendo.
Días después, y con el apoyo de elementos de la Policía municipal y del DIF capitalino, dijo que pudo sacar a sus hijos y llevarlos a la casa de su madre, en tanto que presentó la denuncia correspondiente que llevó a la detención de los hasta ese momento sospechosos, mismos que fueron detenidos —en fechas por separado— y quedaron internos en el Cereso de San Miguel, a disposición del juez Primero de lo Penal, quien dio entrada al proceso 270/2009.
Además de la denuncia de violación, la afectada también presentó cargos por violencia familiar, declarando que a ella y a sus hijos su marido los golpeaba y los mantenía amenazados.

La otra historia
José Ignacio Rodríguez Mendoza fue detenido por elementos de la entonces Policía Judicial del Estado (PJE) a las puertas del Vips de la 2 Oriente y la 2 Norte, lugar donde su esposa lo había citado para que trataran de llegar a un acuerdo, siendo trasladado al Cereso de San Miguel.
José Ignacio, de acuerdo a lo que dicen sus familiares, tuvo varios abogados que solicitaron anticipos en efectivo y después abandonaron el caso, por lo que no tuvo una asistencia legal durante el desarrollo de varias diligencias procesales, entre éstas las del careo que tuvo con su esposa.
José Ignacio conoció a la mujer que lo denuncia porque conocía a la mamá de ésta, que se dedica a hacer limpias. La hija le confió que durante su adolescencia había sido violada por su padrastro, por este mismo ataque —que su mamá nunca le permitió que denunciara— presentaba problemas en su conducta, además de que tenía problemas para ir al baño.
José Ignacio se llevó a su esposa cuando ésta tenía 17 años de edad. Con la ayuda de su hermano logro casarse con ella por lo civil. Su domicilio lo tuvieron frente a la casa donde viven sus hermanos y padres, por lo que todos los días o cruzaban la calle para desayunar, comer y cenar.
El día que la afectada dijo haber sido violada ella llegó a cenar a la casa de su hermano, a quien no le dijo nada de lo ocurrido; es más, cenó y regresó a su casa, como si nada hubiera pasado.
Otro dato más es que la familia de José Ignacio dice que éste y su esposa constantemente peleaban y ella se iba de su casa y luego regresaba. En uno de estos pleitos, días después del presunto ataque, la que se dice afectada llegó con elementos de la Policía municipal para sacar a sus dos hijos, pero no pudo hacerlo porque en esos momentos su esposo estaba trabajando.
Más tarde José Ignacio llevó al DIF municipal, acompañado de su familia. Llevaba a sus dos hijos y le dijeron que los tenía que entregar a su mamá.
Gustavo Rodríguez, uno de los empleados de esta dependencia, fue quien recibió a los niños. Incluso se firmó un documento donde decía que tanto la mujer que ahora lo denuncia como sus hijos no presentaban problemas de golpes o de maltrato y todos firmaron de acuerdo, sólo que este documento desapareció junto con el empleado, del que dicen nadie conoce.
Amén de que el último pleito que tuvieron es porque José Ignacio tuvo una a relación con otra mujer, y le dijo a su esposa que ya no podría entrar a su casa.