El gobierno mexicano conocía desde 2020 los riesgos sanitarios y económicos que representaría un brote del gusano barrenador del ganado, cuya expansión ya afecta al país, y pese a ello no tomó medidas preventivas.
Un documento oficial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), obtenido por Proceso, advierte que las pérdidas podrían alcanzar los 8 mil 29 millones de pesos anuales, o hasta 10 mil 674 millones ajustados por inflación.
El estudio técnico, elaborado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, planteaba escenarios críticos para la producción nacional de carne y leche, así como para las exportaciones pecuarias. Sin embargo, la fábrica de moscas estériles en Chiapas —clave para contener la plaga— no fue reactivada tras su cierre en 2013.
Ya en 2025, con Claudia Sheinbaum en la presidencia, el rebrote se ha confirmado en estados como Oaxaca y Veracruz. La plaga obligó a Estados Unidos a suspender la importación de ganado mexicano, afectando severamente a entidades como Sonora y Chihuahua, que exportan más de 5 mil 700 cabezas diarias, generando pérdidas de hasta 11.4 millones de dólares al día.
Ganaderos y el Consejo Nacional Agropecuario han exigido respuestas y la reactivación urgente de la planta de Chiapas. En tanto, el titular de la Sader, Julio Berdegué, responsabilizó a Estados Unidos del origen del brote, aunque reconoció la necesidad de recuperar las capacidades sanitarias del país.
