En un proceso fast track, en comisiones del Senado de la República se aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones impulsada por Morena y sus aliados, que sustituirá el marco legal vigente y otorgará amplias facultades a la Agencia de Transformación Digital del gobierno federal.
Con los votos a favor de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos dieron luz verde a la normativa, a pesar del rechazo de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que argumentaron que la ley representa un riesgo para la libertad de expresión.
La votación se dividió de la siguiente manera: en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, 4 votos a favor y 2 en contra; en Comunicaciones y Transportes, 12 a favor y 2 en contra; y en Estudios Legislativos, 13 votos por el sí y 5 por el no.
La nueva ley otorga a la Agencia de Transformación Digital, encabezada por José Merino, el control sobre la entrega y renovación de concesiones de radio y televisión, así como la supervisión del espectro radioeléctrico, recursos orbitales y comunicaciones satelitales. Esta agencia también asumirá funciones que antes correspondían al desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en lo que respecta al sector de radiodifusión.
Uno de los puntos más controvertidos de la ley es la facultad de la agencia para bloquear temporalmente plataformas digitales que incumplan con lo establecido en el Artículo 109 de la norma.
Además, se prohíbe expresamente la transmisión de propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros en medios mexicanos, una medida que el gobierno justifica por la reciente difusión de contenidos antimigrantes desde Estados Unidos.
Las concesiones podrán otorgarse por hasta 30 años, con posibilidad de prórroga por un periodo igual, y se intensificará la supervisión de contenidos transmitidos por medios electrónicos nacionales.
Grupos opositores y organizaciones civiles han advertido que esta ley centraliza el poder en un organismo del Ejecutivo, eliminando contrapesos institucionales y poniendo en riesgo la pluralidad y la libertad informativa en el país.
