El gobierno de España ordenó a la plataforma Airbnb eliminar cerca de 66 mil anuncios de alojamientos turísticos por incumplir con la normativa vigente, informó este lunes el Ministerio de Consumo. La medida se produce en medio de una creciente crisis de vivienda y una oleada de protestas contra el alza en los precios del alquiler.
De acuerdo con el Ministerio, muchos de los 65,935 anuncios retirados no incluían número de licencia o no especificaban si el propietario era una empresa o un particular. Algunos presentaban licencias que no coincidían con los registros oficiales.
El titular de la dependencia, Pablo Bustinduy, fue enfático: “Basta ya de proteger a quienes hacen negocio con el derecho a la vivienda. Deben actuar, no hay excusas para no actuar”. En los últimos meses, miles de españoles han salido a las calles para exigir una regulación más estricta de los alquileres de corta duración, que —según señalan— están desplazando a los residentes y encareciendo el acceso a la vivienda en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla.
Por su parte, Airbnb anunció que apelará la decisión, argumentando que el Ministerio carece de competencia para regular este tipo de alquileres y que la metodología usada para detectar los anuncios irregulares fue “indiscriminada”.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón al gobierno y respaldó la orden para la eliminación inmediata de 5,800 anuncios, con dos fases más en camino hasta completar las casi 66 mil eliminaciones. Las regiones afectadas incluyen Madrid, Andalucía y Cataluña.
En paralelo, otras autoridades locales ya han empezado a actuar: el año pasado, Barcelona anunció un plan para eliminar los 10 mil apartamentos turísticos con licencia en la ciudad para el año 2028, con el objetivo de proteger la vivienda habitual de sus residentes.
