El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha expresado su profunda preocupación por la situación en Venezuela, denunciando un "clima de miedo" y exigiendo la liberación inmediata de cientos de presos políticos detenidos arbitrariamente.
En una declaración reciente, Türk instó a las autoridades venezolanas a tomar medidas urgentes para investigar los asesinatos ocurridos durante la represión de manifestantes que protestaban contra el presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
A pesar del anuncio del gobierno de Nicolás Maduro sobre la liberación de más de 100 detenidos, las detenciones continúan, afectando a figuras prominentes como Rocío San Miguel y Javier Taranzona.
La detención de ciudadanos extranjeros, incluidos colombianos y españoles, ha generado preocupaciones diplomáticas. Colombia ha denunciado la detención arbitraria de siete ciudadanos en Venezuela durante 2024, mientras que se estima que hay más de 2,000 prisioneros políticos en el país.
Organizaciones civiles han alertado sobre el empeoramiento de la situación con la aprobación de leyes que podrían inhabilitar y castigar severamente a las ONG. La Ley de Fiscalización sobre ONG y la Ley Bolívar imponen inhabilitaciones de hasta 60 años y castigos de hasta 30 años de prisión.
El gobierno venezolano ha rechazado las críticas, acusando a la ONU de estar influenciada por intereses estadounidenses y calificando la actuación del organismo de "errática y selectiva".
La Fiscalía venezolana ha calificado de "irresponsables" las palabras del Alto Comisionado, acusándolo de tratar con ligereza la violencia y los actos terroristas desatados durante las elecciones.
A pesar de las tensiones, la oficina del Alto Comisionado ha comenzado a reabrir operaciones por Maduro en febrero pasado. Türk expresó su esperanza de restaurar una presencia plena en el país, como parte de los esfuerzos para rebajar la presión internacional.
La situación en Venezuela continúa siendo motivo de preocupación para la comunidad internacional, que insta al gobierno a respetar los derechos humanos y a garantizar elecciones libres y justas.
