El gobierno del presidente Donald Trump ha revocado el estatus legal de aproximadamente 936 mil 500 migrantes que ingresaron a Estados Unidos utilizando la aplicación CBP One, implementada durante la administración de Joe Biden.
Estos migrantes, que habían recibido permisos temporales de dos años bajo el programa de "parole", han sido instruidos para abandonar el país de manera inmediata.
La aplicación CBP One, lanzada en enero de 2023, permitía a los migrantes programar citas en los puertos de entrada de la frontera sur para solicitar asilo.
Sin embargo, tras la asunción de Trump, esta herramienta fue desactivada y reemplazada por CBP Home, una nueva aplicación que facilita la "autodeportación" de migrantes en situación irregular.
Además, la administración Trump ha anunciado planes para imponer multas de hasta 998 dólares diarios a aquellos migrantes que no cumplan con las órdenes de deportación, una medida que podría aplicarse retroactivamente hasta por cinco años, resultando en sanciones que superan el millón de dólares en algunos casos. Esta política también contempla la posible confiscación de bienes de los infractores.
Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para revertir las políticas migratorias de la administración anterior y reforzar la seguridad fronteriza.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han señalado que estas medidas buscan asegurar las fronteras y proteger la seguridad nacional.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han criticado estas decisiones, argumentando que generan incertidumbre y temor entre las comunidades migrantes, además de potencialmente separar familias y afectar a personas que han contribuido a la sociedad estadounidense.
La implementación de estas políticas también enfrenta desafíos logísticos y legales, y es probable que sea objeto de litigios en los tribunales.
