La exalcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, fue vinculada a proceso por el delito de intimidación, como resultado de las declaraciones de tres testigos de identidad reservada, que la señalaron por presiones y amenazas durante su gestión al frente del ayuntamiento. 

Sin embargo, pasará el proceso en libertad, mientras también el juez de control no encontró elementos suficientes para vincularla también por falsificación de documentos, motivo por el cual una de las víctimas, la periodista Michelle Hoyos López, anunció que interpondrá una apelación.

En tanto, será hasta el mes de agosto cuando inicie el proceso para lo cual la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que presentar pruebas.

La vinculación por intimidación es considerada un paso importante por las víctimas, luego de que desde 2023 denunciaron actos de tortura, detención arbitraria y hostigamiento por parte de policías municipales y funcionarios de primer nivel del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros. Entre los señalados se encuentran el síndico municipal y el director de seguridad pública.

La audiencia, que forma parte del proceso penal por las agresiones cometidas contra las periodistas Michelle y Natalie Hoyos López, reveló un conjunto de elementos probatorios.

Sin embargo, no se pudo comprobar la manipulación de documentos oficiales, alteración de fechas y la inclusión de nombres de personas no presentes el día de los hechos, con el objetivo de encubrir las detenciones arbitrarias ocurridas en marzo de 2023.

En tanto aún se encuentran prófugos seis policías y un juez municipal  después de ser amparados.

La audiencia 

Durante la audiencia, que duró varias horas en el Centro de Justicia Penal, el Ministerio Público presentó un total de 49 pruebas, entre documentos, informes oficiales y declaraciones que apuntan a que funcionarios municipales de la administración de Olea incurrieron en la alteración de documentos oficiales. 

Tres testigos, cuyas identidades fueron reservadas por motivos de seguridad, revelaron que fueron obligados a firmar, modificar fechas o incorporar datos falsos en documentos administrativos.

Michelle Hoyos, periodista, víctima y una de las principales denunciantes, señaló que estas personas fueron despedidas de forma injustificada luego de negarse a participar en las irregularidades. 

“Esas tres personas con mucha valentía se atrevieron a hablar. Fueron despedidas injustificadamente alrededor de hace un año. Esas personas fueron amenazadas por esa expresidenta”, declaró a medios de comunicación tras la audiencia.

“Hoy no es un día triste, hoy es un día importante para todas nosotras, porque se logró la vinculación por intimidación de estas personas que fueron despedidas injustificadamente, que tuvieron la valentía de hablar”, expresó Michelle Hoyos a la salida del juzgado.

Sin embargo, también criticó que el juez desestimara, al menos de momento, la acusación por falsificación. 

“Esto va para mucho más. A pesar de las salvedades, de los supuestos que realizan los jueces de control, nosotros vamos a seguir de pie”, declaró. La víctima aseguró que recurrirán a la apelación para que se reconsidere esta parte del proceso.

Sobre las medidas cautelares impuestas, Hoyos López precisó que solicitaron que la ex presidenta municipal no se acerque a las víctimas ni a los testigos. 

Aunque esta solicitud fue presentada durante la audiencia, el juez aún no ha emitido una resolución definitiva sobre si Olea podrá o no permanecer en el municipio o salir del estado.

La periodista también denunció que existe un riesgo real para su seguridad y la de las demás víctimas, pues, dijo, la exalcaldesa cuenta con recursos económicos que podrían ser utilizados para presionar o intimidar. 

Finalmente, Hoyos López señaló que su lucha no tiene motivaciones políticas ni busca protagonismo. 

La causa ahora entra en una etapa de investigación complementaria, durante la cual se podrían reunir nuevos elementos que sustenten o descarten las acusaciones pendientes, incluyendo la falsificación de documentos. 

Mientras tanto, la defensa de la víctima se alista para presentar formalmente el recurso de apelación ante el Poder Judicial.

Las hermanas Hoyos López han denunciado desde 2023 haber sido víctimas de tortura psicológica y física durante una detención ilegal tras una manifestación feminista.

Su caso ha sido respaldado por colectivos nacionales e internacionales, quienes exigen castigo a los responsables.

Este proceso se suma a la vinculación a proceso de seis policías y un juez calificador en mayo pasado, todos señalados por su presunta participación en las agresiones.