Un tribunal colegiado ordenó la detención inmediata de seis de los 11 servidores públicos implicados en la tortura, privación ilegal de la libertad y abuso sexual contra las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, en Izúcar de Matamoros.
La decisión, emitida tras más de dos años de los hechos ocurridos el 10 de marzo de 2023, revoca las medidas cautelares que permitían a los acusados enfrentar el proceso en libertad.
En un posteo en X, la usuaria Michel López expresó: “Tras 2 años y 2 meses, 6 de mis agresores irán a prisión preventiva por tortura. Esto no fue mi voz, mi resistencia, mi verdad”.
La imagen compartida incluye un mensaje contundente: “Después de 26 meses: prisión preventiva para mis agresores”, junto a la frase “Ni perdón ni olvido, si las víctimas no tienen paz, mucho menos la tendrán los culpables”. Fueron magistrados del Tribunal Colegiado del Sexto Distrito ordenaron prisión preventiva para cinco policías y un juez cívico de Izúcar de Matamoros.
La medida cautelar solo aplica a seis de los once funcionarios de Izúcar de Matamoros imputados por la agresión de las jóvenes, una de ellas, actualmente directora del Sistema de Información y Comunicación (SICOM) del Estado de Puebla.
El día de la agresión
Los hechos ocurrieron durante la cobertura de las hermanas Hoyos López a las actividades del colectivo feminista Marea Púrpura, en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M).
Según denuncias, las periodistas y una activista fueron detenidas arbitrariamente por policías municipales tras acompañar a una integrante del colectivo a su domicilio.
En la Subcomandancia de Seguridad Sur, las víctimas sufrieron cinco horas de incomunicación, golpes, humillaciones, violencia sexual y amenazas de desaparición.
El proceso legal
En mayo de 2024, 11 funcionarios, incluyendo al director de Seguridad Pública, el síndico municipal y varios policías, fueron imputados. Sin embargo, la investigación se vio ensombrecida por el asesinato de Socorro Barrera Sánchez, testigo protegida clave, en junio de 2024.
Barrera, ex trabajadora de Seguridad Pública, fue ejecutada en un negocio de lavado de autos, pese a contar con un botón de pánico y supuesta protección estatal.
Organizaciones como Artículo 19 han destacado que, en 2024, México registró 639 agresiones contra la prensa.
