Ante la protesta de pobladores de Tlachichuca y Ciudad Serdán que exigen la liberación de los alcaldes Giovanni y Uruviel González Vieyra, acusados de varios delitos, el gobernador Alejandro Armenta Mier advirtió que si bien su gobierno respeta y no criminaliza la protesta social, tampoco negociará la ley y actuará sin omisión en este caso.  

Al encabezar una tercera mesa de trabajo en el Centro Integral de Servicios (CIS) de angelópolis, el morenista señaló que cuando existe la presunción de un delito, la autoridad se dedica a investigar y sigue un proceso judicial, más allá de sexenios o trienios, por lo que las órdenes de cateo a propiedades de los hermanos Vieyra y su aprehensión están plenamente sustentadas. 

Por lo anterior, el mandatario poblano sentenció que no puede “sentarse a negociar la ley” con ambos alcaldes de la región del Valle de Serdán, ya que los delitos que pesan en su contra tienen como origen la violencia. 

Hay que recodar en 2018 se llevó a cabo el Operativo Encrucijada en esa zona del estado, donde dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional fueron asesinados. Este hecho desencadenó la investigación contra los hermanos Vieyra y de su padre Margarito González. 

Al respecto, el gobernador del estado refirió: “valdría la pena conocer el origen de estas detenciones, recordemos que hace unos años hubo un incidente muy violento que dejó la muerte de varios elementos de seguridad en esa zona; hubo enfrentamientos, donde participaron la Sedena y la Guardia Nacional, en estos municipios, y producto de ello surgieron investigaciones, y producto de ello es que se viene dando un proceso judicial, que ahora concluye con las órdenes de cateo y de aprehensión”.

En esa tónica, Alejandro Armenta aseguró que se respetará la libre manifestación de los habitantes de Tlachichuca y Ciudad Serdán, si regresan al Congreso de Puebla y vuelven a tomar el edificio como el día de ayer que lo mantuvieron cerrado por casi 10 horas, pero esto no influirá para que la Fiscalía General del Estado (FGE) desista del proceso judicial contra de los hermanos Vieyra. 

“El gobierno no puede sentarse a negociar la ley, es importante que eso se entienda. Nosotros ni somos omisos, ni perseguimos, ni criminalizamos la protesta social, las libertades sociales están consagradas”, expresó al insistir que su administración respeta la libertad de expresión y asociación en los términos que establece la Constitución Mexicana.

Durante su paso por el Congreso del Estado, pobladores exigieron a la diputada Fedrha Suriano Corrales, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, la liberación de los dos hermanos. Esto debido a que tanto Giovanni como Uruviel fueron abanderados por dicho partido político.

Al no obtener una respuesta, los inconformes bloquearon el acceso al edificio, sin permitir la entrada o salida de diputados, trabajadores del Poder Legislativo, estudiantes que acuden a hacer su servicio social y hasta repartidores de agua y visitantes.

Aunque por la noche del martes se apersonó el subsecretario de Gobernación, Francisco Ramos Montaño, para dialogar con los manifestantes, no se logró llegar a ningún acuerdo, por lo que pobladores amenazaron con retomar este miércoles la protesta frente al Congreso local.