El Gobierno de México se encuentra en proceso de diálogo y análisis tras la imposición de un arancel al jitomate mexicano por parte de autoridades de Estados Unidos, medida que ha causado molestia e incertidumbre entre productores y funcionarios.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, reprochó que la decisión no fue comunicada a ninguna dependencia oficial del gobierno mexicano. “Se notificó a los abogados de los productores de jitomate, lo cual está mal. Debieron haberlo notificado a nosotros”, señaló.
Sheinbaum aseguró que no existe dumping —la práctica de vender productos por debajo de su precio justo en el mercado internacional— y afirmó que el jitomate mexicano no tiene sustituto en Estados Unidos. “No hay ningún dumping. No es sustituible por ningún otro país”, dijo.
Por su parte, Julio Berdegué, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), explicó que la medida impuesta por EE.UU. se basa en acusaciones recurrentes de dumping por parte de productores de Florida. Estas acusaciones han llevado, en años anteriores, a la firma de al menos cinco acuerdos entre ambos países para evitar sanciones comerciales.
Sin embargo, en esta ocasión, se aplicaron cuotas compensatorias, una medida que no representa técnicamente un arancel. Esto se traduce en penalizaciones económicas para los exportadores mexicanos.
Actualmente, el 60 por ciento de los jitomates consumidos en Estados Unidos provienen de México, por lo que las consecuencias de esta medida podrían también impactar a los consumidores estadounidenses. “Sus productos tendrán mayores costos. No nos pueden sustituir”, advirtió Berdegué.
México aún no ha recibido una notificación oficial y cuenta con un plazo de 90 días para negociar antes de que las medidas entren en vigor.
