La propuesta gubernamental de generar una legislación que permita la intervención de los teléfonos de particulares debe ser sometida a la consulta ciudadana en foros y consultas, para evitar que se atente en contra de los derechos sociales, afirmó el director general del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI) de Puebla, Germán Molina Carrillo.
Aunque indicó que las reformas que se apliquen en materia penal en la entidad poblana deben combatir delitos como la extorsión, el “narcomenudeo”, el “lavado de dinero” y la desaparición forzada de personas, aseveró que la intervención de las comunicaciones privadas debe ser analizada con profundidad para no afectar la libertad de los ciudadanos.
Molina Carrillo recomendó que el tema sea sujeto de reflexión para evitar que la infraestructura tecnológica que se utilice para esa actividad caiga en manos de los delincuentes y se violen los derechos de todos los habitantes del país.
El director general del ICI lanzó un llamado a la legislatura local para que las comisiones encargadas de conducir los debates del tema abran los espacios y permitan el análisis de las grabaciones, porque es importante que exista una delimitación clara de las competencias de las autoridades estatales y federales no lastimar la vida privada de las personas.
El académico dijo que el asunto debe manejarse con total transparencia porque hay que cuidar los matices de la legislación y evitar que se transgreda la Constitución y las garantías individuales de los ciudadanos, pero también que se asegure combatir con eficiencia a los grupos delictivos.
Finalmente, dijo que la iniciativa es adecuada y tiene buenas intenciones, pero insistió en que se tiene que transparentar completamente para evitar generar daños a muchas personas.
ICI, convalida académica
Germán Molina informó que el ICI recibió la certificación de calidad del cien por ciento de su oferta académica, lo que la coloca como la única institución incorporada a la UAP en obtener ese reconocimiento. La propuesta de Molina Carrillo es llevar el modelo al resto de las escuelas del sistema de incorporación para que entren en procesos de calidad y alcancen los objetivos de brindar educación reconocida, que permita la formación de mejores profesionistas.
El costo aproximado para obtener la certificación de calidad alcanza los 50 mil pesos y el proceso de revisión de parte de los especialistas tiene una duración cercana a los diez meses.
El ICI obtuvo el nivel uno de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), que es el máximo reconocimiento nacional que existe en la actualidad.
