La activista Yndira Sandoval junto con colectivos feministas y Margarita López, madre de víctimas de violencia, exigieron al Congreso de Tlaxcala la aplicación de la Ley 3 de 3 que impediría a personas con denuncias por violencia de género ocupar cargos públicos.
Durante el encuentro con las diputadas Blanca Águila (PRD) y Laura Flores Lozano, Sandoval señaló que "mientras exista una persona en el poder que genere violencia, no se puede aplicar plenamente la ley". Las activistas demandaron cero tolerancia a la violencia en la política y protección a mujeres y niños.
La activista hizo un llamado urgente para que Tlaxcala se convierta en el séptimo estado en aprobar esta legislación, criticando especialmente los casos del diputado Cuauhtémoc Blanco y funcionarios del ayuntamiento de Tlaxcala acusados de violencia de género.
La diputada Blanca Águila se comprometió a analizar la propuesta, destacando la necesidad de tener servidores públicos comprometidos con los derechos humanos. Posteriormente, las activistas marcharon al ayuntamiento de Tlaxcala para exigir al alcalde Alfonso Sánchez García la aplicación inmediata de estos principios.
