El gobierno del estado publicó este miércoles 12 de marzo la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Tlaxcala en el Periódico Oficial. Esta ley facilita la resolución de conflictos entre ciudadanos de manera ágil, promoviendo acuerdos a través de mecanismos como el arbitraje, la conciliación, la mediación, la negociación y la negociación colaborativa, tanto en el ámbito público como en el privado.

La resolución de controversias se logra en un ambiente pacífico, sin necesidad de acudir a los tribunales. Los convenios alcanzados se registran de manera oficial y adquieren el carácter de cosa juzgada, aunque pueden modificarse si cambian las circunstancias.

La ley reconoce derechos específicos para diversos grupos de la sociedad, como los pueblos indígenas, las comunidades afromexicanas y las niñas, niños y adolescentes. A estos grupos se les garantiza el acceso a la información, el respeto durante el proceso y la posibilidad de revisar los acuerdos.

Para lograr los convenios, la legislación establece la figura de facilitadores, especialistas debidamente certificados ante el Poder Judicial, quienes presentan alternativas de solución. Además, la ley determina responsabilidades y posibles sanciones para facilitadores y abogados que no cumplan con sus obligaciones, garantizando así la integridad y eficacia del proceso.

Uno de los puntos prioritarios de la ley es que los mecanismos alternativos pueden efectuarse de manera presencial, en línea o en forma híbrida. En la modalidad en línea, se destacan aspectos como la transparencia, el uso de contratos inteligentes y la colaboración abierta.

Otro componente clave es la justicia restaurativa, orientada a reparar daños, restaurar relaciones y fomentar la responsabilidad entre las partes. Este enfoque puede incluir procesos terapéuticos y la participación de especialistas.

En el ámbito administrativo, la ley se aplica tras evaluar la viabilidad del conflicto, excluyendo el arbitraje en esta materia. Se establece la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa para certificar facilitadores y gestionar centros regionales.

Los Centros Públicos Regionales tienen como objetivo ayudar a resolver problemas legales de manera más fácil y rápida. Su trabajo incluye ofrecer información gratuita sobre cómo resolver conflictos sin acudir a un juicio, ayudar a las personas a solucionar sus problemas legales y recolectar datos sobre la efectividad de estos métodos.

El Congreso del estado de Tlaxcala aprobó por unanimidad esta ley, presentada por Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, el pasado 12 de enero. Esta iniciativa forma parte de la armonización del marco jurídico local con la legislación federal vigente.