La Comisión de Atención a Personas con Discapacidad desechó un paquete de cuatro iniciativas de la anterior legislatura, dos de estas exhortos al Instituto de Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, mismo que cerró la anterior administración  por la falta de resultados y cuyas funciones pasaron al sistema DIF.

Durante la sesión de la comisión que preside la diputada Luana Amador Vallejo, se presentó el exhorto para desechar los documentos, de los cuales dos aún serán estudiados por tratarse de analizar si las dependencias cumplen con la presencia de intérpretes, principalmente en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Pese a que recibió recursos y apoyo, el organismo no cumplió con su cometido, sin que los anteriores legisladores se enteraran.

En la iniciativa para desaparecerlo hace un año, el entonces gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina reconoció  que, “desde el punto de vista del interés público resulta importante hacer mención que el Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla, no cuenta con un alcance adecuado de personas con discapacidad comparado con la cantidad de personas en el Estado”.

Señaló que no se cumplió con las metas, pues en el "Informe de evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023" reportado por el Instituto de la Discapacidad para el Estado de Puebla y que se genera a través de la Secretaría de la Función Pública, se advierte que el Instituto referido en el rubro Transversalidad (Población atendida en el último trimestre del año 2023) otorgó atención a solo 6,633 personas con discapacidad, de una población aproximada de 1,084,200 (Un millón ochenta y cuatro mil doscientas) personas con discapacidad que residen en el Estado; demostrando la desproporción de atención y el alcance limitado que tiene el Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla a través de programas de atención y sus políticas públicas.

Asimismo se determinó que “el Sistema DIF será la autoridad competente para la planeación, ejecución y evaluación de los programas vigentes en la Entidad en materia de atención a personas con discapacidad y tendrá la coordinación y ejecución, en su caso, de los programas a que se refieren la presente Ley, su reglamento y demás ordenamientos aplicables”.

Retomar ideas

Las diputadas, Luana Amador Vallejo, así como Soledad Amieva Zamora, pidieron que dos de los puntos regresaran a estudio una vez que se refieren a las disposiciones legales para que haya intérpretes en las agencias del Ministerio Público, y la intención es constatar que se cumpla con la ley

Amieva Zamora indicó que no basta con que sea intérprete, y se pedirá que en la Fiscalía, podría pedirse que sea abogado.