Un tribunal federal de apelación ratificó la suspensión del proceso penal contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), acusado por presunto ejercicio ilícito del servicio público tras el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 migrantes muertos y 27 heridos.
Por unanimidad, el Tribunal Colegiado de Circuito avaló la resolución del juez Víctor Manlio Hernández Calderón, quien en enero pasado suspendió el proceso a cambio del cumplimiento de medidas cautelares durante 18 meses. Entre ellas, Garduño debe mantener residencia fija, ofrecer una disculpa pública, tomar cursos de derechos humanos y protección civil, supervisar centros migratorios y garantizar indemnizaciones a las víctimas.
La Fundación para la Justicia, representante legal de familiares de víctimas y sobrevivientes, había impugnado la suspensión, alegando que se ignoraron las suspensiones provisionales obtenidas por las víctimas y se validaron pruebas sin una negociación de reparación del daño. El tribunal, sin embargo, argumentó que el monto de las indemnizaciones —300 millones de pesos, de los cuales se han pagado 240 millones, según Garduño— sería imposible de cubrir por una sola persona, por lo que se priorizó la reparación integral.
Está previsto que Garduño ofrezca una disculpa pública el próximo 16 de abril.
A pesar de estos avances, familiares de las víctimas insisten en que aún no hay justicia. A finales de marzo, difundieron una carta dirigida a autoridades federales donde denunciaron abandono institucional y exigieron castigo para los responsables. "Lo que pido es que se haga justicia, que este hecho no se repita", expresó una madre afectada. También acusaron al comisionado Garduño de evadir responsabilidades y a la Fiscalía General de la República de no sostener el caso pese a contar con pruebas.
“Hasta cuándo ser migrante es un delito y vulnerar los derechos y matar a migrantes es una ovación”, concluyen.
