En 2012, don Genaro Ramírez (así se le nombró por su seguridad), ejidatario de La Estanzuela, Jalisco, fue obligado a vender su parcela bajo amenazas a su familia. Hombres desconocidos irrumpieron en su casa y, mientras uno sujetaba a su hija, los demás le exigieron la venta del terreno. A pesar de la coacción, le dejaron los documentos de propiedad, pues lo que buscaban era el control físico del predio, de acuerdo con una investigación de Eme Equis.
Poco después, el lugar fue cercado y se convirtió en el Rancho Izaguirre, un sitio vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalado como campo de exterminio con restos de al menos 1,500 personas. A lo largo de 13 años, operó sin intervención de las autoridades locales, estatales y federales.
El Rancho Izaguirre fue asegurado en febrero de 2024, cuando colectivos de búsqueda y la Fiscalía de Jalisco descubrieron cientos de fragmentos óseos, indicios de incineración de cuerpos y fosas clandestinas. Las investigaciones revelaron que en el sitio se habrían cometido crímenes atroces relacionados con el crimen organizado, convirtiéndolo en uno de los mayores hallazgos de violencia en el estado.
Años después, don Genaro recibió un requerimiento de pago del predial de la parcela, lo que reveló que el terreno había sido registrado como propiedad privada, pese a que él nunca realizó los trámites. Se desconoce cómo se llevó a cabo este proceso, pero vecinos y activistas han señalado la necesidad de investigar a fondo el despojo y las operaciones en ese predio.
