El Gobierno de México informó que continúa el proceso de denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para sancionar a los responsables de un esquema de fraudes masivos que afectó a derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que también se resarcirán los daños a las personas afectadas por estos juicios irregulares.

En su conferencia matutina, Sheinbaum detalló que entre 2012 y 2018 se llevaron a cabo juicios masivos contra 373 mil derechohabientes del Infonavit. Estos procesos fueron promovidos por despachos legales que actuaron de manera irregular, resultando en la pérdida de propiedades para 249 mil afectados. Además, estos despachos recibieron 29 mil 263 millones de pesos por sus servicios, cifra superior al presupuesto anual del propio instituto, que asciende a 17 mil millones de pesos.

Según Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, el esquema incluyó prácticas como la falta de notificación a los acreditados, la inclusión de personas sin problemas de pago y demandas interpuestas en estados ajenos al domicilio de los trabajadores. Más del 80% de los casos, es decir, 302 mil, ocurrieron fuera de la entidad de residencia de los afectados, siendo los estados más señalados Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, Ciudad de México y Morelos.

Romero Oropeza también reveló que 42 mil viviendas de los derechohabientes afectados fueron vendidas en subastas masivas, y 207 mil propiedades no han podido ser escrituradas debido a irregularidades en el proceso.

Entre los despachos más señalados están GABSSA, que recibió más de 2 mil millones de pesos, y ACSER, involucrado en desalojos corruptos e irregulares de trabajadores. Este último caso llamó la atención por el estado de abandono de sus oficinas en Veracruz, donde documentos importantes permanecen arrumbados.

A pesar de que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se ordenó detener los juicios masivos, se detectó que nueve despachos simularon procesos individuales para continuar afectando a 63 mil 444 derechohabientes. Estos casos se concentraron en Puebla, Estado de México, Tamaulipas, y Sonora.

Sheinbaum Pardo aseguró que en noviembre de 2024 se logró detener estos juicios irregulares, evitando perjuicios a miles de familias. Asimismo, instruyó al Infonavit a priorizar el resarcimiento de daños a los trabajadores afectados y a seguir con las denuncias penales contra despachos, notarios y funcionarios judiciales involucrados en este esquema de corrupción.