El Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huejotzingo (SOSAPAHUE) el inicio de un procedimiento de embargo por un monto superior a 8 millones 974 mil pesos.

Lo anterior como parte de una deuda acumulada que rebasa los 28 millones 691 mil pesos, producto de omisiones administrativas y financieras heredadas de al menos tres administraciones anteriores.

La administración de la ahora diputada local y exalcaldesa Angélica Alvarado se sumó a la cadena de irregularidades, al no realizar pagos correspondientes durante su gestión, situación que dejó al SOSAPAHUE fuera de posibilidad de recibir apoyos federales y con una deuda millonaria que compromete sus operaciones.

Al respecto, el presidente municipal Roberto Solís Valles atribuyó la crisis financiera del SOSAPAHUE a la negligencia de gobiernos municipales anteriores, señalando que los adeudos impiden al organismo acceder actualmente a programas federales de apoyo.

Lamentó que los habitantes del municipio enfrenten las consecuencias de decisiones y omisiones que no les corresponden, y aseguró que el Gobierno Municipal buscará rutas legales para revertir los daños y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Esta crisis se suma a la que se vivió al inicio del actual gobierno municipal, cuando la población enfrentó cortes en el suministro de agua potable debido al impago de recibos de energía eléctrica ante la CFE, otra herencia directa de las gestiones anteriores.

El SAT ha solicitado al organismo la entrega de información y la regularización inmediata del adeudo. De no hacerlo, el embargo podría intensificarse, afectando aún más la operatividad del sistema de agua potable en el municipio.

De acuerdo con declaraciones del director del organismo, David Lima, ofrecidas a medios locales, la situación financiera es crítica debido a múltiples irregularidades detectadas en años pasados, entre ellas obras no ejecutadas pero reportadas como concluidas, pagos omitidos y falta de comprobación de recursos.

El embargo notificado por el SAT se deriva de créditos fiscales generados por incumplimientos en pagos relacionados con aprovechamientos de aguas nacionales, descargas y otras obligaciones no atendidas entre 2007 y 2022.

La dependencia federal ya inició el embargo sobre los créditos del organismo, lo que implica que incluso podría cobrar directamente a usuarios con adeudos si no se regulariza la situación en los próximos 15 días hábiles.

Los antecedentes del problema se remontan a 2007, cuando se detectaron nueve obras sin comprobar, mientras que en 2009 se identificaron otras cinco más en condiciones similares, relacionadas con insumos, tanques, bombas y macromedidores.

En 2012 tampoco se justificó la construcción de una red de drenaje en la colonia López Portillo, y entre 2020 y 2022 se dejaron de cubrir pagos clave por el uso y descarga de aguas nacionales, lo que detonó los actuales créditos fiscales.