La Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido una orden para detener temporalmente la deportación de varios ciudadanos venezolanos acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
Estas expulsiones estaban siendo ejecutadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación raramente utilizada que permite al Ejecutivo deportar a ciudadanos de países considerados hostiles en tiempos de guerra.
El gobierno del presidente Donald Trump había iniciado estas deportaciones hacia una prisión de máxima seguridad en El Salvador, argumentando que los individuos representaban una amenaza para la seguridad nacional.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), presentaron recursos legales alegando que los acusados no habían recibido el debido proceso legal ni la oportunidad de impugnar las acusaciones en su contra.
La decisión de la Corte Suprema, con una votación de 7 a 2, subraya la importancia del debido proceso y la revisión judicial en casos de deportación, incluso cuando se invocan leyes antiguas en contextos contemporáneos. Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito fueron los únicos en disentir de la orden.
Esta suspensión representa un revés significativo para la administración Trump, que ha defendido su política de deportaciones como una medida necesaria para proteger la seguridad nacional.
Mientras tanto, defensores de los derechos de los inmigrantes celebran la decisión como una victoria para el estado de derecho y la protección de los derechos individuales.
Se espera que la Corte Suprema emita una decisión definitiva en las próximas semanas, lo que podría tener implicaciones importantes para la política migratoria y el uso de leyes históricas en la aplicación de medidas contemporáneas.
