Una jueza federal de Estados Unidos ha dictaminado que Google, subsidiaria de Alphabet, mantiene ilegalmente monopolios en dos segmentos clave de la tecnología publicitaria en línea: los servidores de anuncios para editores y los intercambios de anuncios.
La jueza Leonie Brinkema, del Tribunal de Distrito del Este de Virginia, concluyó que Google utilizó prácticas contractuales y tecnológicas para consolidar su poder de mercado durante más de una década, perjudicando a la competencia, a los editores y a los consumidores.
La decisión se produce en respuesta a una demanda antimonopolio presentada por el Departamento de Justicia de EE.UU. y 17 fiscales generales estatales, quienes acusaron a Google de utilizar adquisiciones y tácticas anticompetitivas para dominar la industria de la publicidad digital.
Aunque el tribunal no encontró pruebas suficientes para respaldar las afirmaciones de que Google mantenía un monopolio en las redes publicitarias para anunciantes, la jueza Brinkema señaló que la empresa abusó de su poder de mercado en los servidores de anuncios para editores y en los intercambios de anuncios.
Como resultado de esta sentencia, los fiscales antimonopolio de EE.UU. pueden considerar remedios, incluida la posible venta de partes del negocio publicitario de Google, como Google Ad Manager.
Google ha anunciado su intención de apelar la decisión, argumentando que sus herramientas publicitarias siguen siendo competitivas y beneficiosas para los editores.
Este fallo marca la segunda vez en menos de un año que Google es declarado culpable de prácticas monopolísticas, siguiendo una decisión anterior relacionada con su dominio en el mercado de búsqueda en línea.
La sentencia también refleja un cambio más amplio hacia una aplicación rigurosa de las leyes antimonopolio en el sector tecnológico, con casos en curso que involucran a otras grandes empresas como Meta, Amazon y Apple.
La resolución del tribunal podría tener implicaciones significativas para el panorama de la publicidad digital y el ecosistema tecnológico en general, estableciendo un precedente sobre cómo el gobierno puede abordar las prácticas monopolísticas en la industria tecnológica.
