El Gobierno de Puebla y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) firmaron un convenio de coordinación para canalizar recursos federales en forma de subsidios, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica del estado y promover una gestión más eficiente y sustentable del recurso hídrico.
A través de este acuerdo, se implementarán tres programas estratégicos en la entidad: Cultura del Agua, Infraestructura Hidroagrícola y Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.
El convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de mayo y se firmó por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier y el director general de Conagua, Efraín Morales López.
Aunque no se han detallado aún cifras exactas, la importancia del acuerdo radica en su carácter integral: no solo se enfoca en infraestructura, sino también en el cambio cultural necesario para garantizar el uso equitativo y sustentable del agua en Puebla.
Agua con visión
El acuerdo se basa en el artículo Cuarto de la Constitución Mexicana, que garantiza el acceso al agua como un derecho humano.
En ese marco, el gobierno federal destinará subsidios —cuyos montos se definirán según disponibilidad presupuestal— para que el estado pueda ejecutar proyectos que impacten tanto en zonas urbanas como rurales.
Uno de los ejes centrales será el Programa de Cultura del Agua, que busca modificar los hábitos de consumo a través de campañas educativas, desarrollo de material didáctico, formación de promotores y la creación de espacios comunitarios.
La meta es fomentar un uso racional y consciente del agua, especialmente entre las nuevas generaciones.
En paralelo, el Programa de Infraestructura Hidroagrícola se enfocará en la rehabilitación de sistemas de riego, reposición de pozos, adquisición de maquinaria y recuperación de suelos.
Estas acciones buscan beneficiar directamente a productores agrícolas organizados en distritos de riego o unidades de temporal tecnificado, con el fin de elevar la productividad del campo poblano sin comprometer el recurso hídrico.
Por su parte, el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento contempla obras de construcción, ampliación y mejora de redes de distribución de agua, sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento.
Se dará prioridad a localidades con rezago en servicios básicos, además de reforzar la capacidad operativa de organismos locales y acciones preventivas ante los efectos del cambio climático.
Vigilancia
El acuerdo también prevé la instalación de comités de contraloría social que permitirán a la población beneficiaria dar seguimiento y vigilar la correcta aplicación de los recursos.
A su vez, se implementará un sistema de información estatal en materia hídrica para facilitar la planeación, evaluación y toma de decisiones en futuras políticas públicas.
El convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 y podrá ser modificado si así lo acuerdan ambas partes.
Las acciones serán ejecutadas conforme a las Reglas de Operación de los programas federales, mediante la firma de anexos técnicos y convenios específicos con cada instancia participante.
