A nueve años del asesinato de Griselda Tirado Evangelio, activista originaria del municipio de Huehuetla, fundadora de la Organización Independiente Totonaca (OIT), poco a poco la memoria de la activista es olvidada por organizaciones y colectivos.
Algunos de sus amigos y conocidos aún recuerdan el asesinato de la activista, de la mañana del 6 de agosto del 2003.
La poeta Gabriela Molina Herrera escribió, para recordar a la activista indígena, el poema “Silencio”. En los primeros versos el poema describe el asesinato de Tirado Evangelio, el 6 de agosto del 2003, cuando la abogada salía muy temprano de su domicilio. Al acecho de Tirado Evangelio, sus sicarios le tendieron una emboscada.
“Silencio,/ cae, /guijarro de agua sobre el suelo./ Duerme el plomo/ en la enramada oscura de su vientre”.
Pero además de la poesía, otro documento visual que da cuenta del asesinato de la activista y el proceso de investigación que borró el aspecto político de la ejecución de la activista es el documental Griselda (2006), del documentalista Byron Lechuga, el cual puede mirarse en YouTube.
La abogada totonaca Griselda Tirado Evangelio fue asesinada el 6 de agosto de 2003 al salir de su casa, por sicarios que la esperaron desde la noche anterior en el municipio de Huehuetla.
Desde las primeras horas del asesinato de la indígena totonaca Griselda Tirado Evangelio empezaron las contradicciones por parte de las autoridades; el médico legista nunca llegó y las investigaciones realizadas en el sitio del asesinato iniciaron después de que la gente pasara durante varias horas por el sitio del asesinato, lo cual borró cualquier indicio.
El entonces secretario de gobernación en el estado de Puebla, Carlos Arredondo, se apresuró a afirmar que el asesinato de Tirado Evangelio fuera de carácter político, declaración que ocultó el conflicto al interior de Huehuetla, entre la población indígena y los caciques.
Las autoridades de justicia del estado de Puebla, al segundo día del asesinato de Tirado Evangelio, anunciaron que el crimen había sido “pasional”. Eliminado cualquier sesgo político del asesinato a punta de declaraciones.
La investigación nunca encontró a los responsables. Fue la presentación y confesión de Zamudio, quien acusó a Amelia de haberlo contratado para matar a Tirado. Sin embargo, Zamudio dijo que hacía la confesión porque Amelia le adeudó el pago del asesinato.
Zamudio se presentó de manera “voluntaria” a la Procuraduría para declararse culpable del asesinato de Griselda Tirado. El mismo exgobernador Melquíades Morales Flores dijo que “El Perro” era el homicida a seguir: “Desde el principio teníamos la sospecha de que fuera él, porque es un sicario”, relata en el documental Griselda el entonces gobernador Morales Flores.
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El 22 de septiembre de 2003, de acuerdo al documento “Derechos incumplidos, violaciones legisladas. Los derechos humanos en el sexenio 2000-2006”, realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Organización Independiente Totonaca denunció que cuatro de sus integrantes, Genaro Salazar Vega, Miguel Sánchez Sosa, Antonio Sánchez Gaona y Prudencio Pérez García, fueron torturados por elementos de la Policía Judicial del Estado de Puebla (PJEP), quienes sin pruebas los acusaron de ser sospechosos de un homicidio.
Dicha organización conjeturó que la agresión fue instigada por el expresidente municipal de Huehuetla, Puebla, Víctor Rojas Solano, para tratar de sabotear las investigaciones que una fiscalía especial de la Procuraduría General de Justicia del Estado realiza con el objetivo de esclarecer el asesinato de la defensora de derechos indígenas Griselda Tirado Evangelio, señaló el informe del Centro Pro.
En el mismo informe del Centro Pro destaca que en México se encarcela a los opositores por motivos políticos: “La ausencia de un debido proceso en México impide que la sociedad tenga certeza de que quienes purgan penas privativas de la libertad son verdaderamente responsables de la comisión de un delito. Esta carencia permite apresar a las personas por motivos políticos.
”La utilización de instrumentos legales como las órdenes de aprehensión, las denuncias penales y los arrestos continúan siendo herramientas recurrentes, aparentemente legítimas en contra de las víctimas, y son utilizadas discrecionalmente como método jurídico-político para la represión, como quedó señalado en el capítulo sobre justicia penal, en este mismo Balance Sexenal. Entre ellas, destacan las denuncias por motín, robo y terrorismo, así como la acusación por uso de armas exclusivas del Ejército”.
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El 20 de junio del 2003, La Red Chiapas denunció la ejecución de Griselda Teresa Tirado Evangelio, ocurrida el pasado 6 de agosto cuando salía de su domicilio en Huehuetla, Puebla. La defensora de derechos humanos fue ejecutada por un desconocido que le disparó con una escopeta calibre 12, dejando en el desamparo a su pequeña hija de 10 años. Griselda era abogada de profesión y maestra en Ciencias Políticas, fue fundadora del Centro de Estudios Superiores Indígenas “Kgoyom”, consejera del Gobierno Indígena en el último periodo, consejera presidenta del distrito electoral en Zacatlán en 2002 y consejera electoral del Instituto Federal Electoral (IFE) por el distrito de Teziutlán.
Trabajaba en las regiones totonaca y náhuatl de la Sierra Norte de Puebla desde 1989, como parte de la Organización Independiente Totonaca (OIT) en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, y especialmente en lo que referente a la construcción de la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas.
La ejecución de Griselda, planteó en su documento del 2003, es la segunda ocurrida en este año contra miembros de la OIT, la primera ocurrió en abril, cuando fue ejecutado el campesino Mateo Cipriano. Sus familiares habían reportado su desaparición; sin embargo, el agente del Ministerio Público se negó a investigar. Días después se encontró el cuerpo inerte de Mateo Cipriano, asesinado de un machetazo en la cabeza. Otra hecho no menos alarmante es la agresión física con machete en contra de Miguel de Gaona Gómez, miembro de la OIT, ocurrida el 6 de agosto del 2003.
Lo anterior hace pensar en una estrategia sistemática de represión contra esa organización indígena. Y es aún más alarmante, que a pesar de los pronunciamientos de varias organizaciones y sectores de la sociedad, en el sentido de exigir la intervención expedita e imparcial de las autoridades para esclarecer la muerte de Griselda Tirado, se hayan presentado irregularidades en la investigación: el Ministerio Público se presentó en el lugar de los hechos pero no elaboró el peritaje correspondiente, perdiendo con ello las evidencias del homicidio; además la desidia de las autoridades fue evidente pues se demoraron varios días en realizar el acta de defunción de Griselda Tirado. Es relevante mencionar que este tipo de irregularidades en el proceso de investigación criminal también se presentó en el caso de Digna Ochoa.
El testimonio
El documentalista Byron Lechuga, quien filmó un documental sobre la vida de la activista indígena, describió, el 8 de agosto del 2007 en el suplemento medieros de La Jornada de Oriente, el asesinato de la activista:
“6 de agosto de 2003: una mujer totonaca y comprometida luchadora social se dispone a salir de su casa ubicada en el municipio de Huehuetla, Puebla. Son las 5 de la mañana, y a esa hora apenas se alcanza a ver el camino estrecho y enlodado que lleva al centro de uno de los municipios más pobres del Estado.
”Oculto entre la maleza y la oscuridad se encuentra un sicario que pronto dará fin a la vida de esta mujer. Ella aún no lo sabe, y nadie lo espera, sólo el asesino, que al verla cargando una bolsa de pan descarga a sangre fría su escopeta. Mal herida a unos cuantos metros de su casa está Griselda, quien pasa sus últimos momentos tirada en la calle esperando la atención médica que nunca llega.
”La fiesta patronal del municipio que se celebra ese mismo día tendrá que esperar, ya no es día de celebración para los totonacas de la Sierra Norte, Teresa Griselda Tirado Evangelio, una de sus principales defensoras, acaba de ser asesinada, y nadie sabe por qué.
”Hasta la fecha, a pesar de que el gobierno de Melquiades Morales Flores se aseguró de mantener la versión de un crimen pasional, existen acontecimientos que no deben pasarse por alto ni olvidarse.
”Poco tiempo antes de su muerte, circularon en el municipio totonaco volantes anónimos que amenazaban con que ‘rodarían cabezas’ y que tachaban a Griselda de ser una ‘manipuladora de analfabetas’, fama que seguramente le adjudicaron por colaborar en la fundación del Centro de Estudios Superiores Indígenas Kgoyom, un proyecto de escuela que hasta la fecha continua formando académicamente a jóvenes indígenas que cada vez más alcanzan niveles de licenciatura”.